Atoyac, Ver.—Un presunto daño patrimonial por **50 millones 162 mil 422 pesos con 6 centavos** fue señalado por el ORFIS en la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Atoyac, durante la administración del exalcalde Carlos Alberto Ventura de la Paz. Mientras tanto, la ciudadanía cuestiona qué ha pasado con las observaciones y cuál ha sido la postura de las autoridades actuales.
De acuerdo con el informe de fiscalización, se detectaron **37 observaciones**, además de presuntas irregularidades en el manejo de recursos, cheques sin documentación suficiente y equipo y mobiliario que no habría sido localizado. El municipio reportó ingresos superiores a los 117 millones de pesos durante ese ejercicio.
Pero más allá de las cifras, las preguntas siguen en el aire: **¿qué respuesta han dado el Congreso del Estado y el propio ORFIS? ¿Se ha impulsado alguna acción para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades?**
La atención también se centra en la actual administración municipal, encabezada por **Juan Carlos Rojas Castro**, pues se desconoce públicamente si presentó denuncias por las presuntas irregularidades heredadas, si dio vista a las autoridades competentes o qué acciones emprendió tras recibir el Ayuntamiento.
La ciudadanía también cuestiona por qué el tema no se aborda con claridad ante los habitantes de Atoyac y por qué, según los señalamientos, se evita hablar de una situación que involucra recursos públicos.
Cabe señalar que el exalcalde Carlos Alberto Ventura de la Paz se encuentra privado de la libertad en el penal de La Toma por asuntos distintos a los aquí referidos. Su situación jurídica no debe confundirse con las observaciones de la Cuenta Pública 2025, las cuales requieren seguimiento y resolución por las vías correspondientes.
Asimismo, se ha señalado que antes de la recepción del gobierno municipal actual habría existido una revisión de las condiciones financieras de la administración saliente. De ahí surge otra interrogante: ¿qué detectó la revisión de entrega-recepción y qué acciones se tomaron, en su caso, para documentar posibles irregularidades?
**La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién está dando seguimiento a los más de 50 millones de pesos señalados como presunto daño patrimonial?**
Los señalamientos del ORFIS no constituyen por sí mismos una declaración definitiva de responsabilidad, pero sí ameritan explicaciones, seguimiento institucional y transparencia.
Atoyac merece respuestas. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con los recursos públicos, qué instancias están actuando y si habrá consecuencias en caso de comprobarse irregularidades.
**¿Se está investigando, se está aclarando o el caso quedará en el olvido? ¿Por qué guardar silencio ante los ciudadanos?**
*Porque cuando se trata del dinero del pueblo, las explicaciones no son opcionales.*
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